En el primer semestre de 2025, Bolivia asignó la suma de 764 millones de dólares para el servicio de su deuda externa, en un entorno económico caracterizado por limitaciones fiscales, crecimiento reducido y presión sobre las reservas internacionales. Esta cantidad representa los compromisos financieros que el país asumió en años previos y la necesidad de cumplir con obligaciones ante instituciones multilaterales, acreedores bilaterales y entidades financieras privadas.
Del total desembolsado durante el periodo de enero a junio, cerca de 384 millones de dólares fueron utilizados para amortización de capital, en tanto que los 380 millones restantes se asignaron al pago de intereses, de acuerdo a la información oficial. Estos desembolsos son parte del plan financiero anual diseñado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, y están destinados tanto a cubrir vencimientos previstos como a operaciones relacionadas con el refinanciamiento de deudas.
El cumplimiento puntual de estos pagos ha sido presentado por autoridades gubernamentales como una muestra de responsabilidad fiscal y compromiso con la estabilidad macroeconómica. Sin embargo, analistas advierten que el peso creciente del endeudamiento externo plantea desafíos importantes, especialmente en un contexto de reducción de ingresos por exportaciones, limitado acceso a financiamiento internacional y debilitamiento del aparato productivo.
En los últimos años, Bolivia ha recurrido con mayor frecuencia a créditos externos para financiar proyectos de inversión pública, enfrentar déficits fiscales y sostener el gasto corriente. Si bien parte de estos recursos se ha destinado a infraestructura, energía y salud, el endeudamiento ha generado una mayor presión sobre las finanzas del Estado, en particular por el aumento del servicio de la deuda en relación con los ingresos corrientes.
El desembolso total registrado al concluir el primer semestre constituye una parte considerable del presupuesto del país, lo cual ha generado preocupación en ámbitos políticos y académicos que exigen una mayor transparencia en la administración de la deuda y una evaluación más detallada sobre su viabilidad a medio y largo plazo. En este marco, se ha sugerido la revisión de los términos de ciertos contratos y el fortalecimiento de la capacidad de negociación del país ante los acreedores.
El escenario económico presente no es esperanzador. Las expectativas de crecimiento para el año 2025 han sido revisadas a la baja, debido a influencias tanto internas como externas. La extracción de gas natural, que es una de las fuentes clave de ingresos de divisas, continúa disminuyendo, mientras que los sectores minero y agrícola enfrentan problemas vinculados a la caída de los precios en el mercado internacional y al efecto del cambio climático. Además, se añade la presión sobre las reservas netas internacionales, que permanecen en cifras alarmantes.
En este escenario, el peso del endeudamiento cobra una dimensión estratégica. Una parte importante de los vencimientos programados para los próximos años se concentra en periodos donde las condiciones de financiamiento externo podrían ser más restrictivas, especialmente si las calificadoras de riesgo reducen la nota soberana del país o si los mercados internacionales endurecen las condiciones crediticias.
Frente a esta situación, se ha abierto el debate sobre la necesidad de replantear el modelo de financiamiento del desarrollo, reduciendo la dependencia del endeudamiento externo e impulsando alternativas como la atracción de inversión privada, alianzas público-privadas y una mayor eficiencia en la recaudación tributaria. Asimismo, se insiste en la urgencia de diversificar la economía y mejorar la productividad para reducir la vulnerabilidad estructural.
A pesar de que pagar a tiempo la deuda externa ayuda a evitar castigos y a preservar la imagen financiera de la nación, el desafío principal continúa siendo cómo lograr un equilibrio entre honrar compromisos internacionales y atender las necesidades internas urgentes en áreas como la salud, la educación, el empleo y la infraestructura. En este momento, la discusión sobre la sostenibilidad del endeudamiento y el rumbo económico en general se ha transformado en un tema clave del debate político y social en Bolivia.
