El empresario y líder político Samuel Doria Medina presentó un ambicioso paquete de medidas con las que planea inaugurar su eventual gestión presidencial si resulta ganador en las elecciones generales de 2025. Bajo el título simbólico de “Se acabó la fiesta”, el candidato afirmó que su primer decreto apuntará a una reestructuración profunda del gasto público, recortando privilegios, reduciendo costos superfluos del aparato estatal y canalizando esos recursos hacia áreas prioritarias como salud, educación y programas sociales.
En su declaración, Doria Medina especificó que, durante los primeros 100 días de su gobierno, intentará economizar más de 2.400 millones de bolivianos mediante una serie de reducciones que incluyen desde la eliminación de viáticos superfluos hasta la eliminación de gastos en refrigerios, ropa y equipo no necesarios en oficinas públicas. El proyecto, según indicó, no es meramente un acto de austeridad, sino un esfuerzo por recuperar la confianza de la población en la gestión pública, disminuir el déficit fiscal y establecer un contraste con lo que describió como una «fiesta de despilfarro con los recursos del pueblo».
Un aspecto crucial de su propuesta es la clausura de medios gubernamentales catalogados como «herramientas de propaganda oficial». En este sentido, afirmó que, si llega a la presidencia, decretará el cierre inmediato del diario estatal y detendrá las emisiones de la red de radio y televisión del Estado durante 60 días. Durante este tiempo, se iniciará un debate nacional para transformar el sistema de medios públicos en uno realmente independiente, transparente y orientado al bien común.
Otra acción notable es suprimir las asesorías externas innecesarias, cuya contratación, señaló, ha servido durante años como un medio para generar empleos políticos y manejar recursos de manera arbitraria. Estas consultorías, frecuentemente replicadas o deficientemente supervisadas, constituyen una parte considerable del presupuesto anual. El candidato sugiere que las labores técnicas sean delegadas a empleados permanentes con la formación adecuada.
Doria Medina también apuntó contra los beneficios de los altos ejecutivos de las empresas públicas, quienes, en su opinión, gozan de sueldos y bonos desproporcionados en comparación con los resultados que entregan. Su decreto establecería la prohibición de cualquier tipo de bono o prima para ejecutivos de empresas estatales, además de revisar los gastos de representación y beneficios complementarios.
En el área administrativa, la propuesta incluye optimizar el uso de automóviles oficiales, reducir el gasto en combustibles y regular de manera rigurosa los viajes internacionales de los empleados públicos, restringiendo estos a misiones absolutamente necesarias. Asimismo, se propone la supresión de ceremonias, festejos y eventos protocolares costeados con recursos públicos, exceptuando actividades cívico-militares como el desfile del 6 de agosto.
Doria Medina afirma que estas acciones no solo tienen el objetivo de equilibrar las cuentas del gobierno, sino también de comunicar de manera contundente una desvinculación con métodos que califica como clientelistas, poco transparentes e inviables. Según detalló, los recursos economizados serían reorientados para fortalecer la Renta Dignidad, optimizar la atención médica y asegurar el alimento de las familias más necesitadas.
El aviso es una pieza clave en su táctica electoral para los comicios de 2025, donde intenta aprovechar el descontento popular hacia lo que varios consideran un gobierno ineficiente, demorado y costoso. Su plan difiere de otras iniciativas más sosegadas que sugieren transformaciones progresivas. Por el contrario, él se posiciona como el aspirante del “cambio inmediato y tangible”.
La recepción inicial de la propuesta ha generado debate. Algunos sectores de la ciudadanía y analistas económicos ven con buenos ojos un plan que ataque de raíz el despilfarro estatal. Otros advierten sobre el riesgo de aplicar medidas drásticas sin consensos suficientes o de desmantelar estructuras sin un plan de transición claro. No obstante, Doria Medina parece dispuesto a asumir ese costo político inicial, confiando en que la transparencia y la eficiencia serán valores que la ciudadanía sabrá premiar.
La iniciativa denominada «Fin de la fiesta» se presenta, por lo tanto, como una de las principales estrategias de la campaña, en una época donde la austeridad ha regresado a la discusión pública y los ciudadanos exigen medidas tangibles ante la crisis financiera y la ineficacia gubernamental.
