A menos de un año para las elecciones generales en Bolivia, la presencia del exlíder Evo Morales nuevamente toma protagonismo en la escena política. El antiguo presidente ha presentado una solicitud formal para ser habilitado como candidato a la presidencia en las elecciones de 2025, un movimiento que revoluciona el entorno electoral y agudiza las divisiones dentro del partido en el poder.
Morales ha apelado al principio de igualdad de derechos para todos los ciudadanos y ha cuestionado la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que, en diciembre del año pasado, declaró que la reelección indefinida no constituye un derecho humano, contradiciendo una interpretación anterior que él mismo utilizó para presentarse en 2019. Según el líder del Movimiento al Socialismo (MAS), esta nueva resolución cercena sus derechos políticos y responde a intereses ajenos a la Constitución.
La solicitud de Morales surge en un escenario de desintegración interna en el MAS, donde diversos grupos compiten por el liderazgo de cara a las elecciones presidenciales. La gestión vigente, dirigida por el presidente Luis Arce, ha tenido una relación complicada con Morales, caracterizada por diferencias estratégicas y perspectivas opuestas respecto a la dirección del partido y la nación.
Desde su retorno a Bolivia tras su exilio posterior a la crisis política de 2019, Morales ha buscado reposicionarse como líder natural del MAS, apelando a su base social en el movimiento cocalero y en sectores rurales. En sus declaraciones recientes, afirmó que es víctima de una “proscripción política” y denunció maniobras judiciales destinadas a impedir su participación electoral.
Sin embargo, el escenario legal es complejo. La decisión del TCP establece que la reelección presidencial indefinida es contraria a los principios democráticos contenidos en la Constitución boliviana, por lo que cualquier intento de habilitación por esa vía podría ser rechazado por los órganos electorales. Morales sostiene que esta interpretación atenta contra la soberanía popular y que será el pueblo quien decida, en las urnas, si desea o no su regreso.
Analistas consideran que la posible postulación de Morales podría reconfigurar por completo el tablero político en Bolivia. Mientras algunos sectores del MAS lo ven como un líder legítimo con apoyo popular, otros temen que su figura divida aún más al oficialismo y debilite sus opciones electorales. La oposición, por su parte, ha expresado su rechazo a una eventual candidatura del exmandatario, a quien acusan de querer perpetuarse en el poder.
La incertidumbre sobre su habilitación también pone en aprietos al Tribunal Supremo Electoral, que deberá pronunciarse si la solicitud se formaliza ante esa instancia. De momento, no hay una candidatura oficial inscrita, pero los movimientos dentro del MAS y las declaraciones de Morales anticipan una campaña polarizada.
El porvenir cercano de Bolivia parece, una vez más, vinculado con la figura de Morales. Su deseo de volver a competir por la presidencia plantea preguntas sobre la legalidad, la legitimidad y el impacto político de su posible candidatura. En medio de un ambiente de alta tensión y división, el proceso electoral de 2025 se vislumbra como un momento crucial para el país andino.
