La discusión sobre la necesidad de reformar la Constitución Política del Estado (CPE) en Bolivia ha cobrado fuerza entre diversas fuerzas políticas, que ahora plantean ajustes estructurales en la forma de designación de magistrados y en las competencias del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Esta propuesta surge como respuesta a una serie de controversias acumuladas durante los últimos años, en las que se cuestionó el rol del máximo órgano constitucional en decisiones que, a juicio de varios sectores, han rebasado sus atribuciones originales.
Los partidos políticos que promueven esta propuesta afirman que es urgente reevaluar el método actual para seleccionar a las máximas autoridades del Órgano Judicial y del TCP. Opinan que el sistema actual, que se fundamenta en la elección popular de listas de candidatos preseleccionados por la Asamblea Legislativa, ha resultado ser ineficaz, poco claro y altamente politizado. Sugieren, en cambio, un procedimiento más técnico y claro, donde se priorice la idoneidad y experiencia legal de los candidatos sobre las coaliciones partidarias.
Al mismo tiempo, se propone disminuir el alcance de acción del TCP, restringiendo su facultad para reexaminar normas con implicaciones políticas directas. Específicamente, se hace referencia a resoluciones recientes que provocaron fricciones entre el tribunal judicial y otras ramas del Estado, en especial en lo que concierne a la aprobación o rechazo de postulaciones y la interpretación de leyes constitucionales en escenarios electorales. Estas resoluciones han sido percibidas por sectores de la oposición y algunos académicos como una manera de intervención política disimulada, lo cual ha afectado negativamente la credibilidad del tribunal.
Un tema que ha sido ampliamente debatido es la opción de establecer una enmienda que impida claramente la reelección indefinida del presidente, un asunto que ganó especial atención luego de decisiones del TCP que autorizaron postulaciones polémicas en elecciones anteriores. La propuesta busca incluir una barrera constitucional que evite interpretaciones que contradigan lo expresado por el pueblo en consultas populares.
Asimismo, algunas voces dentro del oficialismo han abierto la puerta a debatir estas reformas, aunque con matices. Mientras ciertos sectores defienden la independencia del TCP como garantía del orden constitucional, otros reconocen la necesidad de ajustes, siempre que se mantenga la estabilidad institucional. No obstante, el tema genera divisiones internas y podría convertirse en un punto de fricción en futuras negociaciones legislativas.
Al mismo tiempo, grupos ciudadanos, abogados y asociaciones cívicas han empezado a unirse para apoyar el cambio. Sostienen que la confianza del público en el sistema judicial ha alcanzado su nivel más bajo y que es necesario iniciar una reforma integral que restaure la legitimidad y eficiencia de las entidades responsables de impartir justicia y garantizar el respeto a la constitucionalidad.
Para llevar adelante una reforma de este calibre, se requeriría de un proceso legislativo complejo, que incluya acuerdos de al menos dos tercios de la Asamblea Legislativa Plurinacional. En caso de no alcanzarse este consenso, la alternativa sería activar una reforma vía referendo popular, lo cual demandaría una campaña nacional y la recolección de un número significativo de firmas.
El debate sobre los cambios a la CPE se inserta en un contexto más amplio de cuestionamientos al funcionamiento del Estado de derecho y a la imparcialidad de los órganos judiciales. A ello se suma el aplazamiento de las elecciones judiciales, cuya postergación ha sido objeto de críticas tanto internas como internacionales, alimentando la percepción de una crisis estructural en la justicia boliviana.
Con vistas a las elecciones generales de 2025, la modificación de la constitución se presenta como un asunto central en la agenda política nacional. La presión de la ciudadanía, el deterioro de las instituciones y la urgencia de restaurar la fe en el sistema democrático pueden apresurar los tiempos de debate, aunque el proceso para conseguir un cambio legítimo y efectivo será complicado y disputado. La determinación del papel del TCP y el método de selección de jueces será, sin duda, uno de los focos principales del debate político en los siguientes meses.
